La Presidenta CFK presentó el proyecto que reemplazará a la actual Ley de Radiodifusión, dando la posibilidad de debatir sobre el rol de los medios de comunicación en la sociedad. Los enigmas ante un gobierno que tiene un discurso democratizador y pluralista y que a la vez favorece a los monopolios y censura voces disidentes.
Finalmente, durante los últimos días de marzo, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza al nefasto decreto 22.285 firmado en 1980, entre otros, por Jorge Videla y José Martínez de Hoz. Mucho se había hecho esperar ya que desde que comenzó el conflicto con las patronales del agro conocido por todos que se venía pregonando su anuncio.
Con sus 148 artículos la ley intenta hacer frente al avance tecnológico que la anterior no contemplaba y declara al acceso a la información como "derecho universal". Asimismo, divide al espectro en tres partes iguales: una destinada a las empresas con fines de lucro, otra al sector público (tanto los estados nacionales como provinciales podrán tener su propia radio o TV) y la restante a las organizaciones sin fines de lucro (como son las universidades, las cooperativas, los gremios o las iglesias), lo que permitirá la aparición de nuevas voces en los medios de comunicación. También impedirá la formación de monopolios y oligopolios, fijando como límite máximo la cantidad de 10 licencias de las que puede ser titular una sola persona, a diferencia de las 24 que están hoy vigentes.
Además declara incompatible la posesión de una compañía de TV por cable y un canal de televisión en la misma zona de influencia. Lo que significa un duro golpe al Grupo Clarín, que se encuentra en esa situación y que tendrá que desprenderse de algunas de sus empresas. También se incluye un capítulo dedicado a las transmisiones deportivas: declarara al fútbol de “interés nacional” para obligar a emitir los encuentros por televisión abierta, quitándole el monopolio del servicio a TyC Sports. Con respecto a la digitalización de la TV, promueve la elección de la norma japonesa en desmedro de la norteamericana y la europea. Esta decisión permitirá afianzar los lazos con Brasil, que ya ha elegido esta misma norma hace poco tiempo atrás. Otro dato relevante es que levanta la prohibición existente para que las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica y Telecom) puedan incorporarse al negocio de la radiodifusión con vistas al triple play (la posibilidad de brindar servicios de teléfonos, Internet y TV en un mismo soporte). De esta manera las telefónicas le ganarían la pulseada al Grupo Clarín ya que podrán sumar el servicio de televisión paga a sus redes.
Estos son, a grandes rasgos, los principales lineamientos de la propuesta del poder ejecutivo nacional. Todos sabemos que es necesario reemplazar la ley vigente ya que, además de ser hija de una dictadura genocida, posee un claro corte privatista, concentrador y concibe a la información como una mercancía. Sin embargo, cuesta creer que este gobierno intente democratizar los medios de comunicación, ya que proviene del mismo sector político que decretó en 2005 la extensión del plazo de licencias unos 20 años más, que avaló la fusión de Multicanal y Cablevisión, que censura voces opositoras, que clausura radios comunitarias y que maneja arbitrariamente la publicidad oficial. ¿Estará la Presidenta dispuesta a cambiar sus políticas hacia el sector o este proyecto es una simple amenaza? ¿Quién garantiza que esta ley apenas sancionada no se transforme en letra muerta y se siga favoreciendo a los grandes grupos de siempre? Son todos interrogantes que solo con el correr del tiempo podrán ser respondidos.
A pesar de todo, el momento tan esperado de un debate sobre una nueva ley parece que ha llegado y no podemos desaprovecharlo. Ya pasaron 25 años de democracia y aún no hemos podido modificarla, a pesar de los más de 50 proyectos que ingresaron al Congreso. Sabemos que el poder de las corporaciones mediáticas es muy fuerte y que intentaran frenar la iniciativa sin embargo parece que llegó la hora de dar batalla por un nuevo sistema de medios de comunicación en la Argentina.
Por Gonzalo Andrés - Miembro del Observatorio Comunicacional
Además declara incompatible la posesión de una compañía de TV por cable y un canal de televisión en la misma zona de influencia. Lo que significa un duro golpe al Grupo Clarín, que se encuentra en esa situación y que tendrá que desprenderse de algunas de sus empresas. También se incluye un capítulo dedicado a las transmisiones deportivas: declarara al fútbol de “interés nacional” para obligar a emitir los encuentros por televisión abierta, quitándole el monopolio del servicio a TyC Sports. Con respecto a la digitalización de la TV, promueve la elección de la norma japonesa en desmedro de la norteamericana y la europea. Esta decisión permitirá afianzar los lazos con Brasil, que ya ha elegido esta misma norma hace poco tiempo atrás. Otro dato relevante es que levanta la prohibición existente para que las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica y Telecom) puedan incorporarse al negocio de la radiodifusión con vistas al triple play (la posibilidad de brindar servicios de teléfonos, Internet y TV en un mismo soporte). De esta manera las telefónicas le ganarían la pulseada al Grupo Clarín ya que podrán sumar el servicio de televisión paga a sus redes.
Estos son, a grandes rasgos, los principales lineamientos de la propuesta del poder ejecutivo nacional. Todos sabemos que es necesario reemplazar la ley vigente ya que, además de ser hija de una dictadura genocida, posee un claro corte privatista, concentrador y concibe a la información como una mercancía. Sin embargo, cuesta creer que este gobierno intente democratizar los medios de comunicación, ya que proviene del mismo sector político que decretó en 2005 la extensión del plazo de licencias unos 20 años más, que avaló la fusión de Multicanal y Cablevisión, que censura voces opositoras, que clausura radios comunitarias y que maneja arbitrariamente la publicidad oficial. ¿Estará la Presidenta dispuesta a cambiar sus políticas hacia el sector o este proyecto es una simple amenaza? ¿Quién garantiza que esta ley apenas sancionada no se transforme en letra muerta y se siga favoreciendo a los grandes grupos de siempre? Son todos interrogantes que solo con el correr del tiempo podrán ser respondidos.
A pesar de todo, el momento tan esperado de un debate sobre una nueva ley parece que ha llegado y no podemos desaprovecharlo. Ya pasaron 25 años de democracia y aún no hemos podido modificarla, a pesar de los más de 50 proyectos que ingresaron al Congreso. Sabemos que el poder de las corporaciones mediáticas es muy fuerte y que intentaran frenar la iniciativa sin embargo parece que llegó la hora de dar batalla por un nuevo sistema de medios de comunicación en la Argentina.
Por Gonzalo Andrés - Miembro del Observatorio Comunicacional
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